Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo - ASC Asociados
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Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo

El 20 de enero de 2.017 se ha aprobado por el Gobierno el texto íntegro definitivo del tan esperado Decreto-ley sobre las cláusulas suelo (el Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo).

Con este Real Decreto-ley se pretende otorgar protección a los consumidores mediante el establecimiento de un cauce que les posibilite adoptar acuerdos satisfactorios con las entidades de crédito con las que tienen suscrito un contrato de préstamo o crédito con garantía hipotecaria,  tras la reciente sentencia dictada el pasado 21 de diciembre de 2.016 por el TJUE, que en contra del pronunciamiento judicial del Tribunal Supremo en su sentencia de 9 de mayo de 2013, en la que éste limitaba los efectos de la nulidad de las clausulas suelo a partir de la fecha de la propia resolución, el TJUE ha declarado expresamente que esta interpretación se opone frontalmente a la normativa europea de consumo y necesariamente deberán las entidades bancarias devolver los importes cobrados indebidamente desde el inicio del contrato.

El pronunciamiento del Tribunal Europeo es el que cabía esperar atendiendo a la razón y a la lógica jurídica, puesto que si una cláusula de un contrato es nula bien porque la misma no haya sido negociada con el cliente o bien porque haya sido introducida en el contrato de forma poco transparente, debe considerarse nula desde el inicio del contrato y no desde una fecha determinada como incomprensiblemente proclamaba la STS de 9 de mayo de 2.013.

Ante el más que previsible incremento de las demandas de consumidores afectados solicitando la restitución de las cantidades pagadas en aplicación de la cláusula suelo, se ha pretendido arbitrar un cauce sencillo a través del Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, para facilitar que los consumidores puedan llegar a un acuerdo extrajudicial con las entidades de crédito para ser resarcidos de las cantidades indebidamente pagadas a la entidad bancaria por este concepto.

Este Real Decreto-ley resulta de aplicación a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria que incluyan una cláusula suelo cuyo prestatario sea un consumidor.

Su artículo 3 dispone expresamente la obligación para las entidades de crédito de implantar un sistema de reclamación previa a la vía judicial, debiendo adoptar las medidas oportunas para asegurarse que este sistema de reclamación es conocido por todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusula suelo en su préstamo hipotecario. Además, la entidad de crédito debe efectuar un cálculo de la cantidad a devolver y comunicárselo al consumidor, con un desglose detallado del cálculo efectuado, que deberá necesariamente incluir la cantidad correspondiente en concepto de intereses.

Se establece asimismo un plazo máximo para resolver la reclamación previa de TRES MESES, a contar desde la presentación de la reclamación (artículo 3.4).

No obstante, es más que previsible que dada la enorme cantidad de millones que va a suponer la devolución de estas reclamaciones, las entidades de crédito pongan trabas a los afectados. Se ha querido trasladar por parte del Gobierno a través de este Real Decreto, que las entidades financieras devolverán todo lo indebidamente percibido por las cláusulas suelo, pero no todos los bancos van a pasar por el aro y de hecho bancos como el Sabadell ya han dicho que sus cláusulas suelo son perfectamente legales, por lo que es poco probable que acepten devolver nada a sus clientes.

Además de esto, hay que tener cuidado con otro de los contenidos de este Real Decreto, y es que si bien prevé como se indica en líneas precedentes que las entidades de crédito deben implantar un sistema de reclamación previa e informar a todos los consumidores que tuvieran incluidas cláusulas suelo en su préstamo hipotecario, el decreto se limita a decir que hay que informar, pero no obliga a hacerlo personalmente, de forma que simplemente colgando un cartel en las oficinas o un anuncio en la página web puede ser suficiente. No se le ha impuesto a la banca, como sí se debería haber hecho, la obligación de dirigirse a todos los clientes afectados e informarles de los derechos que les asisten.

Además, tampoco prevé la norma ningún tipo de sanción para las entidades financieras que decidan no adherirse al sistema extrajudicial o para los que haciéndolo, se nieguen a devolver todo el dinero a los afectados.

Este Real Decreto permite también a los bancos que en lugar de devolver el dinero opten por la alternativa de amortizar el principal del crédito por la misma cantidad, por lo que existe un claro riesgo de que en el marco de la negociación entre el banco y el cliente algunas entidades fuercen las cosas para que el pacto se cierre más con la amortización que con la devolución, con el peligro que siempre existe de que el más fuerte imponga su voluntad al más débil.

Es por ello que si bien antes de acudir a la vía judicial hay que intentar, a través de la reclamación extrajudicial, que la entidad bancaria reintegre a los afectados las cantidades cobradas de más, es importante que su caso sea estudiado de forma individualizada y especializada para garantizarle que de resultar afectado por las cláusula suelo, va a percibir el importe total del perjuicio que se le ha producido, con efectos desde la fecha en que se formalizó su escritura de hipoteca.

 

Sonia Bru Senent. Dpto. Jurídico.

Asc Consultores Asociados, SL

 

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